El caso se inició luego de que el diario ABC Color divulgara que hubo cobro de salarios de G. 3.500.000 mensuales presuntamente sin asistir a su puesto de trabajo de parte de Lucía Duarte de Garcete, quien también se habría dedicado a la actividad privada en horario laboral, como presidenta de la Fundación Nuestra Señora de la Asunción (Funsa).
Además, consta en la denuncia que entre los años 2008 y 2010, la denunciada habría fijado domicilio en el Brasil, junto con su marido. Por esto ahora se abre la investigación.