Dieron luz verde al dinero narco y hoy buscan cargo

Diputados cartistas y aliados del PLRA y el PEN en julio último orquestaron un plan para impedir que la ley que regula el Financiamiento Político se aplique en las internas partidarias, dando luz verde al dinero narco. Tras el repudio y olvido de la ciudadanía ahora alegremente buscan ganar cargos.

Los diputados que impidieron aplicar la Ley 4743/12 de Financiamiento Político, a las internas partidarias de diciembre, fueron encabezados por Clemente Barrios (ANR); Pedro Alliana (ANR) y Bernardo Villalba (ANR).

Tras desafiar el repudio de la ciudadanía, ahora casi todos ellos buscan ocupar cargos en las elecciones generales de abril, sin temer al voto castigo. (Ver la infografía)

Acompañaron a los 21 colorados cartistas dos votos del PLRA, Nimia Carísimo y Gustavo Cardozo, habituales colaboradores del oficialismo.

También sorprendió la adhesión del diputado Hugo Rubin, quien ahora busca ser senador por el PEN. En ese entonces Rubin también colaboró con el cartismo y el Frente Guasu para instalar a Pedro Alliana (ANR) como presidente de la Cámara. 

La votación

Esta votación ocurrió el 4 de julio de 2017, en la primera sesión bajo la presidencia de Alliana. Durante el estudio, la mayoría cartista eliminó rendiciones a Hacienda, ante la Contraloría y ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). También impidieron inhabilitar a candidatos procesados por narcotráfico o lavado.

Pero el punto más álgido llegó cuando Bernardo “Lalo” Villalba, legislador financiado por el narco Antonio “Capilo” Caballero, pidió elevar el tope de “donativos de campaña” de casi G. 400 millones a casi G. 4.000 millones.

En un principio, todo apuntaba a que los cartistas no solo impedirían el control en las internas, sino que además aumentarían el flujo y la legalización del dinero de dudoso origen para financiar campañas. 

Posteriormente, se interpretó que el objetivo era generar un escándalo que retrase el estudio. El objetivo era impedir que el proyecto se apruebe en ambas cámaras antes del 21 de agosto, día de las convocatorias a elecciones y fecha límite para introducir cambios al Código Electoral.

Cumplido el plazo, diputados aprobaron el proyecto el 30 de agosto, sin las cuestionadas modificaciones. En caso que el Senado lo apruebe recién regirá en las internas municipales de 2020.

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