De esta forma, el proyecto de Ley 5632/16, sancionado el 23 de junio pasado por el Congreso, será remitido al archivo.
Puntos cuestionados
El proyecto contra la reventa adolece de varios defectos, como la falta de precisión, la conculcación de derechos constitucionales y el no establecimiento de la autoridad que debe aplicar las normas de la propuesta de legislación, según argumenta el Decreto 5536 por el cual Cartes optó por el veto.
Entre los puntos cuestionados por el Ejecutivo para vetar totalmente la norma, señala que en el primer artículo, no se establece la autoridad competente para la aplicación de la ley, lo que generaría “un sinnúmero de conflictos”.
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En otro de los artículos, se habla de reventa en general, sin discriminaciones, lo que puede afectar los derechos y garantías constitucionales los cuales pueden ser reglamentados, pero de forma razonable y sin que restrinjan los principios y disposiciones constitucionales.
En el tercer artículo establece como sanciones con multas de cinco a 15 jornales mínimos, y hasta tres años de prisión en caso de que haya un pacto entre el revendedor y el organizador. En este punto cuestiona la falta de precisión en la redacción.