La postergación fue solicitada anoche, durante la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, por el cartista Justo Zacarías (ANR, Alto Paraná), argumentando que el pleno no estaba preparado para debatir o plantear modificaciones tras el largo debate que llevó la declaración de emergencia penitenciaria. Los proyectos serán tratados el próximo 3 de julio.
El pleno debía analizar el proyecto de ley que crea juzgados especiales centralizados para casos de lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y otros. El mismo tenía media sanción del Senado desde el 16 mayo último.
También debía analizar en la víspera el proyecto de ley que establece el procedimiento especial para comiso, privación de beneficios y ganancias.
La norma establece los porcentajes de la distribución de los bienes comisados cuando ya existe una condena y la persona afectada pierde el derecho sobre sus bienes por ser producto de delitos. El Senado había aprobado esta norma el 23 de mayo último.
Aunque no fue analizado en la víspera, el Senado también aprobó y remitió a Diputados, el 20 de junio último, el proyecto de ley de eliminación de las acciones al portador de las Sociedades Anónimas.
La propuesta establece un plazo hasta el 1 de octubre para que las mismas sean canjeadas por acciones nominativas o pueden perder valor por orden judicial.
En total son tres los proyectos con media sanción del Senado de un paquete original de 12 propuestas remitidas por el Ejecutivo a pedido del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Dicho organismo juzgará al Paraguay desde el 2020 y recomienda tener dicho paquete aprobado por el Congreso para definir si nuestro país vuelve a ingresar a la “Lista Gris” de países “no cooperantes”.
GAFI incluso habría pedido condenas firmes en los delitos que persigue.
Prejudicialidad no se estudiará
El Ejecutivo ya confirmó que retiraría del paquete el proyecto de eliminar la prejudicialidad. Dicha norma vigente impide a la Fiscalía investigar la evasión de impuestos hasta agotar instancias administrativas y judiciales. Diputados opositores y cartistas constantemente denuncian que el paquete de leyes busca atentar contra libertades jurídicas y violar la Constitución Nacional y se retrasa el debate.