Los diputados que no fueron elegidos para volver, a excepción del senador electo “Ancho” Ramírez, buscan privilegiar con una ley especial a familiares, amigos y operadores que dejan en la Cámara de Diputados.
Argumentan que existe “la imperiosa necesidad de establecer y regular la situación jurídica de los funcionarios del Poder Legislativo” y “buscar establecer en forma clara y contundente, derechos y obligaciones entre las partes”, señalan.
Aunque la ley fue sancionada y luego vetada por el Ejecutivo, sostienen que esto ocurrió “por un momento agitado del devenir político nacional, que hoy se halla superado y entonces creemos que esta vez ya no sufrirá ningún tropiezo”.
El Poder Ejecutivo, en fecha 28 de setiembre del 2016, vetó totalmente la ley especial que fuera sancionada por el Congreso el 24 de agosto de ese año. El principal argumento del veto fue que violaba el principio de igualdad entre funcionarios públicos.
Eluden la Ley N° 1626
La normativa establece la carrera y el escalafón de los funcionarios del Poder Legislativo, además de sus restricciones y responsabilidades. Los legisladores habían argumentado en su momento que la normativa se basaba en la necesidad de reconocer al Congreso como una institución política, y no administrativa como para regirse por la Ley 1626/2000 de la Función Pública.
Sin embargo, la objeción señalaba que los funcionarios del Parlamento tienen todas las garantías en lo que respecta a su labor en la Ley de la Función Pública y el Código Laboral.
Mencionaron que en el plan del Congreso se buscaba dar un tratamiento diferente a los funcionarios públicos del Legislativo.
“Sin embargo, no se verifican diferencias sustanciales en la modalidad de prestación de servicios de los funcionarios del Poder Legislativo que ameriten la vigencia de una ley especial, atendiendo a que las funciones que cumplen, en esencia, no son distintas a las de los demás servidores públicos del ámbito administrativo del Estado”, argumenta parte de la objeción firmada por el titular del Poder Ejecutivo.
Blindarán a parientes
Soto Estigarribia, que a fines de junio cumplirá 20 años de gestión parlamentaria, tiene a su hijo Marcelo Soto Estigarribia, exministro de la Juventud y exprecandidato a gobernador de Caaguazú, como asesor en la Cámara de Diputados. Luego de ser derrotado en las internas, retornó a la Cámara y a principio de este año fue premiado con una recategorización salarial, llegando a un salario mensual de G. 12 millones.
El diputado más antiguo también tiene a un hermano en la Cámara Baja. Se trata de Roberto Soto Estigarribia, quien figura como asistente y su salario es de G. 2.200.000. Otros diputados también tienen a sus clanes familiares. Muchos de ellos fueron hace poco premiados con aumentazos salariales.