Diputados piden a la Fiscalía resultados en el megafraude

A iniciativa del diputado liberal Juan Bartolomé Ramírez, la Cámara Baja resolvió ayer ampliar la resolución que pide informes al Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Tributación y al Ministerio Público, sobre los procesos de investigación de evasión de impuestos, lavado de dinero y asociación criminal, que involucran a exfuncionarios estatales.

Se trata del caso “megafraude” que generó un perjuicio al fisco de G. 336.815 millones e involucra a 270 empresas. Estas aparecen como compradoras o proveedoras de seis firmas ficticias, creadas por Miguel Enrique Centurión Carmona y Gregorio Luis Enrique Berthand Gómez, quienes hace diez años fueron funcionarios de la Subsecretaría de Tributación.

En su exposición, Ramírez pidió a los fiscales y demás agentes del Ministerio Público que llevan la causa que sean audaces, lleguen a la verdad y den con los responsables del esquema.

Ramírez subrayó que ya fueron ampliados los artículos del Código Penal sobre evasión de impuestos y ordenamiento Tributario.

Apuntó finalmente que si la SET asevera la adulteración y falsificación de documentos en este caso, eso ya es suficiente para iniciar una persecución penal.

Los casos de posibles evasiones y de fraude contra el Estado está dejando prácticamente sin capacidad de reacción a la SET y a la Fiscalía contra Delitos Económicos. Solo con el caso del “megafraude”, trabajan cuatro fiscales de esta unidad con técnicos de la SET.

Federico Espinoza, fiscal adjunto de la Unidad contra Delitos Económicos, había señalado que la prejudicialidad es la traba principal.

Esto consiste en que se deba esperar a última instancia, incluso la Corte Suprema de Justicia, para que la Fiscalía tome cartas cuando existan sospechas de evasión. Actualmente, el Senado estudia eliminar esta normativa.