El legislativo tiene previsto tratar durante su sesión ordinaria el proyecto de modificación de la ley Nacional de Tránsito y Seguridad vial. Existe un dictamen de la comisión de Obras Públicas, presidida por el colorado Dany Durand, a favor de la ratificación del proyecto inicial que favorece al mencionado ente privado vinculado al clan político colorado de los Núñez (Basilio, Ricardo y Óscar), oriundos de Villa Hayes.
La Cámara de Senadores en junio pasado había eliminado del proyecto de ley toda potestad que se pretendía otorgar a la Opaci, y que se había establecido en la propuesta remitida por la Cámara Baja.
La normativa, versión Diputados, señala en su art. 15 Inc. g que será tarea de la Agencia Nacional de Tránsito “organizar, implementar, y supervisar el funcionamiento del Registro Nacional de Licencias de Conducir y antecedentes de Tránsito, en coordinación con la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal”.
En su art. 30 establece que las funciones atribuidas al Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito serán “delegadas a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci)”. Con esto, además la ONG administrará a su antojo los datos de una buena parte de la ciudadanía.
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La mencionada organización privada solo en el 2015 administró un presupuesto superior a los G. 41.000 millones. Más de G. 17.000 millones de dicho monto fue fruto de lo cobrado a cada uno de los contribuyentes entre 10 y 20.000 guaraníes por expedición o renovación de licencias de conducir.
