En junio de 2011 saltó el caso del ganadero Pereira Johannsen, quien en complicidad con un ejecutivo y empleados de un banco armaron un esquema en el que lograron involucrar a varios desprevenidos ganaderos y personas que aportaron mucho dinero a cambio de supuestos altos beneficios.
A los primeros les pagaron con el dinero del préstamo y a los siguientes con el que recibían de los nuevos inversionistas que conseguían captar, y así sucesivamente. Hasta que inevitablemente, el esquema estalló y dejó una larga lista de acreedores. Los primeros que entraron pudieron cobrar, algunos incluso ganar, pero los últimos, que son la mayoría, se quedaron con enormes pérdidas. Inicialmente, se mencionó que el dinero manejado ascendería a unos US$ 12 millones.
El caso del empresario Atilio “Tete” Gómez Buongermini, presidente de la empresa VIP Security SA, que habría dejado un “clavo” de US$ 16 millones a entidades bancarias y financieras y particulares, adquiere ribetes similares al caso de “Tuti”.
Empresarios vinculados al rubro seguridad, armas y blindados sostienen que en nuestro país el mercado legal no da para manejar los volúmenes de dinero que según se ventilan lo hacía VIP Security.
Esta empresa el año pasado, según su balance, habría arrojado unos US$ 54.000 en concepto de utilidad sobre un capital de US$ 1 millón. Es decir, un 5% sobre su capital inicial.
Es por ello, que se hace sumamente llamativo el hecho de que entidades bancarias y financieras hayan accedido a otorgar millonarios préstamos a una empresa con una utilidad de apenas 5%.
En el caso de “Tuti” Pereira el negocio “atractivo” y de rápido retorno estaba relacionado a la compra y venta de ganado. Pero en el caso, “Tete” Gómez ¿dónde estaba el negocio atractivo?
Y es aquí donde se maneja una hipótesis, a juzgar por un antecedente inmediato que es el siguiente: en agosto del año pasado, VIP Security SA estuvo a punto de cerrar una licitación con la Policía Nacional.
Negocios con el Estado
El presidente de la empresa Armor del Paraguay SA, Carlos Astaburuaga, había denunciado en su momento que la Policía Nacional amañó y direccionó la licitación para la adquisición de vehículos blindados para el combate al EPP. La firma favorecida iba a ser VIP Security, pero Contrataciones Públicas decidió anular el llamado luego de haber detectado que los vehículos de la Policía ya estaban siendo blindados en los talleres de VIP Security, por lo que la licitación estaba dirigida. A partir de acá se habría desmoronado todo en la empresa. Aparentemente, el negocio “atractivo” era asegurar licitaciones con el Estado.
Inicialmente, la empresa habría tenido un plan de vender armas al Estado, negocio que cerró durante el gobierno de Federico Franco, y con la expectativa de seguir con el gobierno liberal. Pero, como las chances del candidato liberal se veían negras, aparece en escena Hugo Portillo, gerente del Banco Amambay y hombre cercano del entonces candidato presidencial Horacio Cartes. Portillo, a través de la empresa J. Portillo SA extendió un préstamo de US$ 1,57 millones a Atilio Gómez, quien al tomar el crédito cedió como garantía sus acciones en la compañía.
A partir del 9 de abril de 2013, estos títulos quedaron en poder del bancario. En octubre del año pasado, en asamblea general de VIP Security, “Tete” se presenta con 45 acciones de la compañía y según la denuncia presentada por Portillo, esos documentos eran falsos. Este hecho cerró toda chance de “Tete” de concretar negocios con el Estado.
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