El administrador de la empresa San Agustín y contador de Unace, Arnaldo Martín Jara, no estaba autorizado a cobrar los 48.000 millones de guaraníes que pagó el Indert por las tierras de la empresa San Agustín, ligada al oviedismo.
La resolución 455 dictada en octubre de 2012 por el juez Carlos Alvarenga Gross, de Pedro Juan Caballero, autoriza a Jara a vender las fincas 95 de Tobatí y 104 de Atyrá exclusivamente al Indert, pero además ordena la apertura de una cuenta judicial a nombre del juicio “y a la orden del juzgado” para que el dinero producido por las ventas queden a disposición del juez. Este, mediante resoluciones y con cheques judiciales, debería ir disponiendo el destino de los fondos para cada caso.
Esta cuenta, como ordinariamente ocurre con las cuentas judiciales, debió ser abierta en el Banco Nacional de Fomento (BNF). En el mejor de los casos el cheque emitido por el Indert debió quedar depositado en esa cuenta.
Jara dejó de lado este mandato judicial y dispuso directamente de los fondos. Depositó el dinero en una cuenta personal, y el pasado sábado procedió al retiro total y en efectivo de los fondos. Seis camionetas fueron a retirar el dinero de la transportadora de caudales Yrendague.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy