Rachid, momentos antes de ser designado, en conversación con ABC Cardinal manifestaba que no tendría problema alguno en asumir si es que se le ofrecía el cargo y se le otorgaba el permiso para el efecto en la Fiscalía.
“Hay dos fiscalas muy capaces que pueden llevar adelante este caso, ellas son Liliana Alcaraz y Juliana Giménez”, respondió al ser consultado si no sería un obstáculo que deje el caso de la “masacre de Curuguaty” que está en pleno desarrollo de juicio oral y público.
Poco después recibió el llamado del ministro del Interior Francisco de Vargas, quien le ofreció el cargo.
Acto seguido le llamó el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, quien ayer retornó al país.
Rachid aceptó el ofrecimiento, pero recién el lunes estaría asumiendo el cargo luego de que el fiscal general se reincorpore a su oficina y firme el permiso para que el citado deje el Ministerio Público por un tiempo.
Posteriormente, se aguardará la firma del decreto del presidente de la República Horacio Cartes.
Rachid fue elegido de una terna en la que también estaban incluidos los fiscales Joel Cazal y Jorge Kronawetter. Lo de Cazal no progresó debido a que su salida iba a generar un desajuste en el trabajo que realiza el Ministerio Público con la Fuerza de Tarea Conjunta en la lucha contra el EPP.
En tanto que Kronawetter se mostraba más interesado en seguir adelante con sus proyectos en la Dirección General de Migraciones que está a su cargo.
Rachid no solo es cuestionado por los sectores sociales por el manejo que le dio al caso Curuguaty. También se le objeta el hecho de que no atendió las graves denuncias que realizaba nuestro compañero Pablo Medina sobre la narcopolítica en la zona de Canindeyú, en donde Rachid ejercía sus funciones.
De Vargas, para nombrarlo, tomó en cuenta su buen relacionamiento con los policías, que últimamente derivó en el comiso de vehículos incautados por hechos de narcotráfico en Caazapá. Estos rodados fueron entregados a la Fuerza Pública.
Jalil, hijo del exsenador colorado Bader Rachid Lichi, cumple actualmente funciones en una unidad penal ordinaria de Asunción. Reemplaza en el cargo de viceministro de Seguridad a Javier Ibarra, tras el escándalo del robo de las armas del cual fue víctima hace ocho días. Ibarra responsabilizó de ello a gente del gobierno.