El sistema judicial y penitenciario del país funciona sin brújula. Como no hay un plan, se va improvisando sobre la marcha. En la capital y su zona metropolitana, con mayor concentración de presos, en los últimos tres años no hubo inversión.
Uno de los ejemplos de las improvisaciones del Gobierno es la Agrupación Especializada de la Policía -pegada a la cárcel de Tacumbú-, donde están recluidos 132 presos, que viven a cuerpo de rey a excepción de los condenados por secuestros. Solo 66 tienen condena. Poseen hornos eléctricos, microondas, heladeras, acondicionadores de aire, teléfonos celulares, televisión por cable, etc.
En el edificio de cuatro pisos que debía ser para los antimotines, los presos tienen disponible una despensa donde pueden comprar desde cigarrillos hasta gaseosas.
Sin haber sido construido para albergar presos civiles, solo agentes policiales, hoy día la penitenciaría es calificada como la cárcel de “máxima seguridad”, sencillamente porque es un cuartel de la Policía.
Allí deberían habitar solo los antimotines y agentes arrestados o condenados por la justicia policial o civil.
Desde la caída de la dictadura se empezó a usar como penal de “máxima seguridad”. Era para acusados de delitos de lesa humanidad, pero luego se fueron sumando narcotraficantes, asaltantes y últimamente secuestradores.
Los pabellones del edificio se convirtieron en celdas para acoger a los presos.
La llegada de los presos a la agrupación fue restando espacio a los agentes policiales, que deben vivir en el viejo pasillo y mantener sus casilleros en los pasillos.
Como todos los presidios del país, manejados por el Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), tiene la fama de que se coimea para el ingreso de cualquier producto.
Nadie se atreve a confirmar la versión porque en estas condiciones prima un código de silencio.
“No descarto que haya coimas, pero yo cuando asumí hace tres meses les reuní a todos para decirles que bajo mi administración no tiene que pasar eso”, señaló el Crio. Gustavo Báez López, jefe de la Agrupación Especializada, donde conviven antimotines y carceleros.
“Para nosotros es un gran problema y un peligro constante. Si se fugan diez reclusos justo cuando se produce una manifestación en el centro, nosotros vamos a ser los culpables”, expresó el comisario.
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