Los parlamentarios utilizan la figura de las pensiones graciables para privilegiar a los familiares de los operadores políticos, especialmente de avanzada edad. Es decir, hacen caridad y quedan bien posicionados políticamente con los beneficiados, pero con el dinero del contribuyente.

“La pensión graciable es una herramienta que tenemos los representantes de la ciudadanía para gestionar ante el Estado la atención de necesidades de personas que merecen esa atención”, afirmó el diputado colorado, Walter Harms.

Agregó que el Estado debe brindar la asistencia necesaria a los ciudadanos con verdaderas necesidades para evitar el pedido de pensiones graciables. “Yo le he visto a un niño discapacitado solicitar una pensión graciable y lógicamente que el Estado, si es que puede, debería dar esa asistencia. Pero no podemos esperar que ese chico discapacitado, con una madre llena de necesidades, llegue a los 60 años, cuando probablemente su expectativa de vida no alcance los 60 años. Esas excepciones estoy perfectamente de acuerdo que se deben contemplar”, sugirió el legislador.

Instó a obrar con responsabilidad con los pedidos de las pensiones y solicitó a la ciudadanía continuar con el control de las acciones de sus parlamentarios, en especial en estos casos.

Crítica de Cartes

El presidente Horacio Cartes criticó duramente a los legisladores porque hacen un mal uso de la figura legal de la pensión graciable y se desvía el dinero cuando que se podría destinar a los centros de atención a discapacitados, que tienen un presupuesto muy ajustado.

La mayoría de estos beneficiarios no merecen tal reconocimiento y varios tal vez son excluidos porque no poseen “padrinos políticos” o la torta presupuestaria ya fue entregada a otras personas que no necesitan realmente.

En 2012 aprobaron pensiones por valor de US$ 1.327.102 (G. 5.998.503.012) para 472 personas.