La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el colorado Ramón Romero Roa, dictaminó ayer en mayoría por aceptar el veto de la Cámara de Senadores al proyecto de ley de “Defensa de la soberanía jurídica nacional en materia de extradición de ciudadanos paraguayos”.
Otro dictamen a favor de la aprobación fue firmado en solitario por el diputado colorado Bernardo Villalba, quien en los últimos días hizo fuertes declaraciones a favor de la normativa.
Ayer, un legislador que prefirió el anonimato, mencionó que una persona de sexo femenino se le acercó para pedirle su apoyo a la normativa. El diputado aseguró que la oferta por voto oscila entre los 15.000 y 20.000 dólares.
Al ser insistido para que denuncie públicamente el hecho, dijo que no tenía pruebas y lo más probable sería que sus colegas y la ciudadanía terminen tachándolo de charlatán.
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El legislador tampoco supo explicar de qué sector proviene el ofrecimiento, pues las personas que contactan con los legisladores son solo los intermediarios.
Agregó sin embargo que desde que se presentó el proyecto en la Cámara de Diputados, corre la versión de que habría mucho dinero por la aprobación.
La normativa tuvo un acelerado tratamiento. El diputado durante el periodo anterior José López Chávez (Unace) lo presentó el 19 de junio, y el 25 de junio, la Cámara Baja trató y aprobó sobre tablas. En agosto pasado fue rechazado en la Cámara de Senadores.
Tres comisiones de la Cámara Alta: Narcotráfico, Legislación y Asuntos Constitucionales coincidieron en que el proyecto se confeccionó para favorecer a los supuestos narcotraficantes Carlos R. Sánchez, alias “Chicharõ” (prófugo); Jarvis Gimenes Pavão, preso en Tacumbú, y Carlos A. Caballero, alias “Capilo” recluido en la Agrupación Especializada de la Policía.
El proyecto de ley establece que “los ciudadanos paraguayos naturales o naturalizados condenados en el extranjero tendrán la opción de purgar su pena en territorio nacional y de acuerdo a las normas penitenciarias vigentes en nuestro país”.