Repudian las declaraciones del citado parlamentario colorado y exjerarca policial. Instan para que desde el Congreso se respeten la Constitución y las leyes, y quienes realicen apología de la dictadura, sean objeto de juicio político.
Expresan que la impunidad presente no hace si no continuar de forma perversa la deuda con la justicia que aún no se ha cerrado en Paraguay. Reclaman políticas de memoria colectivamente elaboradas y que, entre otras cuestiones, se traducen en prácticas conmemorativas.
Lamentan el escaso avance en una educación centrada en implementación de la asignatura “El autoritarismo en la historia reciente” en la educación media, recomendada por la Comisión de Verdad y Justicia. Esa responsabilidad es del Ministerio de Educación, apuntan.