Para que el Senado se ratifique en su posición original de aprobar el proyecto de ley se necesitaban 23 votos, teniendo en cuenta que Diputados rechazó la iniciativa. Pero solo nueve legisladores de un total de 25 en la sala de sesiones, en ese momento, votaron por la ratificación del Senado. Por ese motivo, la propuesta legislativa fue remitida al archivo.

El senador Arnaldo Giuzzio (PDP), en una larga exposición, intentó convencerles a sus colegas que no se trata de ningún espionaje estatal a las personas en su vida privada. Dijo que el objetivo del proyecto es evitar la impunidad de los delitos y/o crímenes informáticos, exigiendo a las empresas que venden servicio de internet que conserven por 12 meses su tráfico de datos.

Giuzzio señaló que el proyecto de ley solo le pedirá a las prestadoras de servicios la fecha y hora de conexión, la identidad del usuario y el origen y el destino de la comunicación. “No se necesitará divulgar el contenido del mensaje”, aclaró.

Exhibió incluso imágenes de personas que divulgan a través de internet pornografía infantil. Lamentó que no se pueda castigar a estas personas porque las empresas operadoras del sector privado, especialmente, no están en condiciones u obligadas a conservar datos.

La senadora liberal Emilia Alfaro de Franco se opuso a este proyecto de ley. Se basó en los artículos constitucionales 33 y 36. El primero dice que “la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables”. El Art. 36 se refiere a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada.