La propuesta fue presentada por el diputado liberal Édgar Acosta.
En un encuentro celebrado en la víspera en la sede gremial, la profesional advirtió que en caso de prosperar la iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados, una multitud descontrolada se hará cargo de velar por el patrimonio de la ciudadanía así como los datos y pagos que recibe el fisco. “Esto es grave para la ciudadanía”, resaltó.
González señaló que el citado colegio se fundó hace más de 100 años para velar por la excelencia y la colegiación legal de un sistema jurídico que obliga a los escribanos a dar fe del contenido de contratos.
En dicho sentido, la dirigente gremial señaló que el grupo que reclama la liberación de la profesión, los denominados escribanos sin registro, en realidad está en contra del concurso público.
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Cuestionó también que este sector alegue que el sistema sea “inconstitucional” ya que afirman no poder trabajar. “Dicen que son 5.000 personas, pero solo se presentan 500 a competir. Hay mucho populismo en esto”, lamentó.
Recalcó que actualmente el Estado habilita a unos 1.200 escribanos en todo el país, quienes por ley deben cumplir requisitos como mantener un domicilio legal fijo para que los firmantes de un contrato siempre tengan donde recurrir. Este punto también se flexibiliza en la ley, advirtió González a los legisladores.
A fin de escuchar a todos los sectores involucrados, diputados convocan a una audiencia pública a realizarse en el Congreso mañana desde las 9:00.
“No es que uno se recibe de médico y al día siguiente se recibe de cardiólogo, hay que estudiar y especializarse para esa ocupación”, comparó.
González resaltó que la escribanía pública no es una profesión privada, sino una función pública delegada por el Estado y por ende debe ser regulada, controlada y concursada.
En cambio, advirtió que el proyecto de ley presentado establece que cualquiera que termine la carrera puede abrir una oficina, sin concurso, juramento y de ejercicio ilimitado.
Lamentó que el proyecto de ley no aborde otras reivindicaciones del sector formal, como retirar la prohibición a realizar otras actividades comerciales o cumplir la acordada de llamar a concurso cada vez que se registren 10 vacantes o aumentar los registros.