La contratación estuvo vigente entre enero y julio de 2008 y se fijó por un salario de 5.700 más los gastos de la seguridad social, que elevaron a 7.411 euros mensuales lo que asumía el Ayuntamiento. La Justicia probó que la beneficiada era su hermana y que jamás realizó el trabajo para el que fue contratada, porque la ludoteca en cuestión no funcionó durante ese lapso.

La decisión del Tribunal Supremo de España contrasta con la situación que se da en nuestro país, donde legisladores de todos los partidos contrataron a esposas, hijos, hermanos y toda clase de parientes y amigos en cargos públicos, incurriendo abiertamente en el delito de “tráfico de influencias”, sin que alguno haya recibido alguna sanción hasta el momento, ni de parte de sus pares ni de la Justicia ordinaria.