Fuentes diplomáticas explicaron ayer que las acciones se realizan contra los particulares, en este caso, los cancilleres acusados de mal desempeño en sus funciones. Explicaron que la medida también puede ser subsidiariamente en contra del Estado paraguayo. “Esto quiere decir que primeramente, si es que pierden la demanda, deben pagar los cancilleres o funcionarios públicos que estuvieron a cargo de la institución.
Y en caso de que ellos no tengan bienes para cubrir la sentencia, es el Estado el que debe abonar los montos”, aclaró la fuente. Agregó que en el caso que la demanda se realice solo contra el Estado, el demandante tiene la posibilidad de realizar una acción de repetición contra el funcionario que ocasionó el perjuicio por el monto abonado.
Cabe señalar que en el caso de Arnaldo Salazar accionó porque la Junta de Calificaciones de la Cancillería nacional le denegó el pedido de ascenso en el escalafón diplomático, es decir, al rango de ministro.
En RR.EE, se critica la inacción de la Procuraduría e incluso se presume la existencia de “roscas” entre abogados de la Procuraduría, magistrados judiciales y funcionarios diplomáticos. Incluso en su saludo de fin de año, el canciller Fernández Estigarribia aseguró que las demandas contra la cartera de Estado y excancilleres son entabladas con “auxilio de algunos magistrados”.
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Bienes inembargables
La Ley 1493 que establece el procedimiento para las demandas en contra del Estado expresa en su Art. 716 Inc. “E” que son inembargables los bienes y rentas del Estado. Eventualmente, si un accionante obtuviera, vía judicial, la posibilidad de cobrar una suma determinada en concepto de salarios caídos, la misma debe estar prevista en el Presupuesto General de Gastos de la Nación para el pago, pero al año siguiente de dicha previsión presupuestaria, explicaron fuentes de RR.EE. Los demandados en el caso Salazar son Alejandro Hamed, Héctor Lacognata, Jorge Lara Castro y el actual ministro.
Millonarias pérdidas
Entre las demandas contra RR.EE., está la entablada por Francisco Javier Espínola quien cobró al Estado US$ 46.000; demandó a la Cancillería por salarios caídos, luego fue nombrado, aun con demanda vigente, vicecónsul en Ponta Porã, Brasil, en el 2004 y regresó al país en el 2009. Juan Ángel Dellavedova (US$ 700.000) reclamó salarios caídos e indemnización. A fines del 2010 fue nombrado embajador en Marruecos. Víctor Hugo Peña Bareiro, actual cónsul general en Los Ángeles, EE.UU., demandó a RR.EE. y obtuvo el embargo de las cuentas de la Cancillería nacional en el 2010. Según la cartera estatal, el diplomático ya cobró, en mayo de 2011, la suma de US$ 344.445 y G. 243.796.708.