Senadores de varias bancadas prometieron aprobar este jueves, en la última sesión ordinaria antes del receso, el proyecto de ley que busca garantizar el libre acceso ciudadano a la información pública. El proyecto fue presentado en octubre último por legisladores colorados, liberales y del Partido Democrático Progresista (PDP).
Esta propuesta legislativa es la reglamentación del artículo 28 de la Constitución nacional que busca que el “libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, lo cual permitirá a la República y sus instituciones avanzar decididamente hacia una cultura que fomente la transparencia y los valores democráticos, al facilitar el ejercicio de un derecho ciudadano fundamental.
La propuesta legislativa, de sancionar y promulgarse, exigirá a los tres poderes del Estado y sus reparticiones, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a facilitar “toda la información generada, administrada u obtenida por las reparticiones públicas en cualquier formato”, porque son consideradas “como bien de dominio público del Estado y se presume pública”.
Sin embargo, no están incluidas las binacionales como Itaipú (paraguayo-brasileño) y Yacyretá (paraguayo-argentina).
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A criterio de uno de los proyectistas, el senador liberal Carlos Amarilla, las reparticiones públicas deben proporcionar la información que obre en su posesión, custodia o control en la forma más amplia posible, excluyendo solo la que se encuentre alcanzada por una causal de excepción que sea legítima en el caso concreto y estrictamente necesaria en una sociedad democrática.
Plazos
El Art. 14 señala que las reparticiones públicas deben pronunciarse sobre toda solicitud de acceso a la información pública en un plazo no mayor a diez días hábiles. Este plazo podrá ampliarse hasta por diez días hábiles más, señala.
El acceso a la información no solo es para los periodistas, comunicadores o medios de prensa sino para toda la ciudadanía interesada en conocer información.
Los senadores Bacchetta y Giuzzio coincidieron en distintos momentos en manifestar que se les debe incluir a las binacionales. Agregaron que la ciudadanía desea saber quiénes trabajan en estos entes, qué cargo desempeñan, cuánto ganan (salarios más beneficios) y si es posible el grado académico para ver si hay una coincidencia entre lo que percibe y su capacidad.