En cuanto a lo expresado por Juan Carlos Ramírez Montalbetti, Ortigoza dijo que el mismo no cuestionó la legalidad de los trámites sino que solamente manifestó que no se debió haber adquirido la propiedad.

Según el funcionario, el actual encargado del Indert no habló de irregularidad jurídica sino que expresó una opinión distinta a la decisión que se adoptó su momento. Aseguró que los cuestionamientos que se hacen son “desde la perspectiva política”.

Sobre las críticas al presunto “abultamiento” de la tasación, Ortigoza dijo que eso deberán explicarlo los tasadores, que son los responsables de justificar técnicamente su trabajo.

Indicó que la tasación se hizo en otra institución, específicamente en el departamento de Avalúo del MOPC y los tasadores son los responsables de establecer técnicamente el valor estipulado es el correcto.

Agregó que el Indert aprueba o no la compra basándose, en este caso, el criterio de que se trataba de la regularización de una población ya instalada en el lugar que tienen derecho como cualquier paraguayo a contar con una casa.

Por otro lado, negó que haya habido sobrevaloración de la propiedad porque lo abonado fue finalmente inferior al valor de mercado. Señaló que inclusive el monto por hectárea fue inferior a lo estipulado en la ley aprobada en el Congreso.

Respecto a la crítica de que no se trataría de tierras aptas para cultivos, Ortigoza dijo que la carta orgánica del Indert expresa en una parte que esa institución debe inclusive promover la incorporación de personas que se dediquen a rubros alternativos que no sean específicamente de la agricultura familiar tradicional.

Señaló que se debería consultar a la gente que está afincada en el lugar por qué permanecen ahí y cuál es su rentabilidad en el rubro al que se dedican.

Insistió en que nadie cuestiona la legalidad de lo actuado sino que se critica desde la perspectiva política por el momento en que se realizó el pago.