YPANÉ (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal).La fiscala Brígida Aguilar relató que el sábado por la noche recibió al menos cinco llamadas en la línea baja de su casa, en las que le advirtieron que deje las pesquisas en la Municipalidad de Ypané porque de lo contrario ella y su familia pagarían las consecuencias.
“Recibí como cinco llamadas y después desconecté. Una voz masculina pregunta si es mi casa y le dije que sí y entonces me dice que deje el caso que estoy investigando porque de lo contrario mi familia y yo pagaremos las consecuencias”, comentó la fiscala. También denunció que su casa fue fotografiada y que luego la imagen fue alzada en la página de Facebook de la Municipalidad llamada “Ypané escracha”, por lo que dice que es evidente que le siguieron para conocer su domicilio.
La agente fiscal responsabiliza al jefe comunal, Horacio Ortiz, de todo lo que le pueda pasar a ella y a su familia. “No tengo guardia, salgo sola y mi familia, con mis padres ancianos, que están solos. Responsabilizo al intendente de lo que nos pueda pasar”, expresó.
Señaló que en 12 años como fiscala nunca le pasó esto. “Voy a analizar con mi familia si sigo o no (el caso), pero sea quien fuera el fiscal será lo mismo, porque existen documentos que incriminan al intendente”, añadió.
Ortiz es investigado por el supuesto hecho de lesión de confianza y tiene que justificar la utilización de más de G. 1.850 millones en el 2013. Su administración adquirió 27 computadoras a precios inflados. Compró una computadora con impresora a G. 4.450.000, cuando el precio real era solo de G. 1.700.000, según la Contraloría. La diferencia ya fue devuelta, señala por su parte el intendente.
La fiscala puntualizó que Ortiz tiene la obligación de rendir cuentas a la justicia y a la ciudadanía del destino que les dio a esos recursos.
La semana pasada, desde la clandestinidad, el intendente Ortiz aseguró a nuestro diario que hoy acudirá ante el juez de Capiatá, Miguel Ángel Bernardes, para la imposición de medidas. Debe comparecer además la administradora Elva Corvalán. Intentamos hablar sobre dicha amenaza con el jefe comunal, pero tenía el celular apagado. Su hermano Dilio Ortiz (PLRA), presidente de la Junta Municipal, tampoco atendió.