Fiscales eluden procesar a pareja “planillera” de colega

La Fiscalía dilata la imputación de Monserrat Dávalos, funcionaria planillera del TSJE y pareja del fiscal Aldo Cantero, contratada por G. 20 millones después de que el agente archive la investigación contra autoridades del ente por “alquileres de oro”. Los fiscales no quieren procesar a esposa de colega.

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En abril de 2014, el fiscal Aldo Cantero indagó contratos de arrendamientos de oficinas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en Paraguarí, Caacupé y San Pedro, en los que se inflaron 10 veces los precios con una adjudicación cercana al millón de dólares americanos.

Este caso afectaba directamente al entonces presidente del TSJE, el ministro Alberto Ramírez Zambonini (PLRA), quien ya fue imputado en otra causa por contratar planilleros. En cuanto a este expediente, fue archivado por la Fiscalía aunque en el Senado se buscó someter a juicio político al entonces titular electoral.

Lo llamativo es que ese mismo año, el 1 de octubre, luego de archivar la causa de “los alquileres”, fue nombrada en la Justicia Electoral María Monserrat Dávalos Torres, actual pareja de Aldo Cantero y madre de su hijo, como directora, con un sueldo de unos G. 20 millones.

Investigaciones periodísticas revelaron que la funcionaria cobraba en promedio G. 3.500.000 al mes en viáticos, incluso en los meses en los cuales estuvo ausente por maternidad. Asimismo, cobraba horas extraordinarias y viáticos en el mes en que estaba de vacaciones y el TSJE estaba de feria.

En su defensa, Dávalos afirmó que Cantero no influyó en su nombramiento y que siempre cumplió con su horario laboral.

Tras las publicaciones, en el TSJE ordenaron que la funcionaria sea trasladada de sección, para que no llame la atención mientras la causa se encuentre abierta.

Investigación incómoda

La investigación cayó en el despacho de la fiscala Claudia Morys, quien se inhibió del caso por su amistad con Cantero. Su reemplazante, la fiscala Susy Riquelme en febrero último pidió el legajo y las planillas de asistencia de Dávalos. Desde entonces no hubo novedades.

ABC Color intentó tener la versión de la fiscala Riquelme sobre este caso, pero la agente del Ministerio Público eludió el diálogo. Al ser contactada telefónicamente, pidió retomar la llamada cuando no esté ocupada; luego se hizo excusar por su secretaria y finalmente ya no respondió.

La dilación genera suspicacia, ya que la investigación solo involucra a una funcionaria, mientras otros fiscales, en el mismo tiempo, ya investigan a tres ministros del TSJE y a un numeroso grupo de planilleros.

En cuanto a Cantero, pidió ser apartado de la unidad fiscal temporalmente mientras que la Dirección de Control de Gestión Fiscal del Ministerio Público, a cargo de Jorge Lebedich, dictaminó que no encontró ninguna irregularidad en el archivo del caso de los alquileres.

Lebedich indicó en su dictamen: “...Que al quedar sin efecto las adjudicaciones a favor de las empresas Montelindo y Heidecom SA y declarada la terminación de los contratos suscriptos entre el TSJE y las empresas citadas, y la no realización de ningún pago o erogación económica a los representantes de las citadas empresas, no existe detrimento o perjuicio patrimonial en las arcas de la Justicia Electoral”.

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