Un total de 15 legisladores (tres senadores, nueve diputados y tres parlasurianos) siguen atentamente el desarrollo de la imputación al ministro de la Corte Sindulfo Blanco (PLRA) porque les puede beneficiar indirectamente. ¿En qué sentido? Blanco había sido imputado por la Fiscalía por prevaricato, decisión que obligó a revisar la biblioteca sobre si puede o no ser imputado un magistrado.
Paralelamente, se lleva a cabo en el Senado el juicio político contra Blanco pero se frenó porque no hubo quórum el día en que los abogados del magistrado iban a ejercer la defensa. Para ver la legalidad de la prosecución del juicio político, la mesa directiva del Senado le encomendó la tarea al asesor jurídico del Congreso, José Casañas Levi.
El dictamen del exfiscal Casañas alertó a los fiscales de Delitos Económicos porque cuestionó la imputación al ministro Blanco y argumentó que debía ser destituido primero en el juicio político que se lleva a cabo en el Senado y luego ser encausado. Es decir, por ahora es “intocable” para la justicia, según da a entender.
Si seguimos el razonamiento del dictamen, ninguna de las imputaciones a los 15 legisladores es válida porque se siguió el procedimiento tradicional de: imputación y luego desafuero.
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El senador Carlos Filizzola (Frente Guasu), cuando fue imputado, había utilizado en su favor el Art. 191 de la Constitución (ver texto completo en infografía) y el Art. 328 del Código Procesal Penal, que establece que el Ministerio Público debe iniciar una investigación preliminar para recabar datos y elementos para fundar el pedido de desafuero.
Versión de fiscales
Los fiscales Federico Espinoza (adjunto), René Fernández, Luis Piñánez y José dos Santos (que imputaron a Blanco y al exministro Víctor Núñez) convocaron a una reunión de prensa para explicar que Blanco es enjuiciable.
Doria explicó que es imposible que primero se pida el desafuero y luego se impute. Indicó que el espíritu que primó en la Constituyente de 1992 es que antes de despojar los fueros a una autoridad se debía pedir los antecedentes del caso, lo que se da con una imputación formal, en que se plasmen los hechos y elementos primarios para abrir un proceso. “Si el fiscal remite su carpeta fiscal, sin hacer una relación sucinta de hechos y elementos, no correrá ningún pedido de desafuero”, enfatizó.
Por sorteo, el juez Gustavo Amarilla fue sorteado para entender el caso Blanco, pero se apartó. El juez Hugo Sosa impugnó la inhibición. Por ahora no hay juez.