Fiscalía favoreció a jefe de FF.MM. y envió denuncias a Corte Militar

El jefe de FF.MM., Luis G. Garcete, al ser denunciado por mal uso del Fonacide ante la Fiscalía Anticorrupción había solicitado quedar a cargo de la Justicia Militar, donde están subalternos y amigos. Después de un “análisis” de más de un mes y pese a evidencias incluso confirmadas por Contrataciones Públicas, el fiscal Federico Espinosa accedió al pedido invocando la Constitución.

Paradójicamente, la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, unidad que tiene como competencia la persecución penal de los hechos punibles contra el patrimonio de las instituciones públicas, se declaró incompetente para investigar las denuncias de corrupción que pesan sobre el jefe de Fuerzas Militares (FF.MM.), Luis Gonzaga Garcete.

De esta forma, la Fiscalía Anticorrupción dio lugar a la solicitud del jefe militar, quien, a través de su abogado, Mario Elizeche, pidió ser investigado por la Justicia Militar cuya corte casualmente está integrada por subalternos y amigos.

Entre otras razones, la decisión representa prácticamente un pase a la impunidad de Gonzaga Garcete, ya que la Corte Castrense está integrada por uniformados de menor antigüedad y jerarquía y dentro de una institución verticalista como las Fuerzas Armadas, por tanto, pierden trascendencia.

El viernes pasado, después de 40 días de haber recibido la denuncia de la Coordinadora de Abogados (Coapy) por el supuesto hecho punible de lesión de confianza contra Gonzaga Garcete, el fiscal Federico Esnosa derivó el caso y sostuvo que el artículo 174 de la Constitución Nacional “establece la competencia del Tribunal Militar para investigar la causa”.

El artículo 174 de la Constitución señala que “los tribunales militares solo juzgarán delitos o faltas de carácter militar, calificados como tales por la ley, y cometidos por militares en servicio activo. Sus fallos podrán ser recurridos ante la justicia ordinaria. Cuando se trate de un acto previsto y penado, tanto por la ley penal común como por la ley penal militar, no será considerado como delito militar, salvo que hubiese sido cometido por un militar en servicio activo y en ejercicio de funciones castrenses”. La última parte es lo que consideró la fiscalía para abstenerse.

La denuncia que presentó la Coapy fue con base en investigaciones periodísticas que destaparon malversaciones en la construcción de la Escuela de Infantería de Chaco’i que costará US$ 1 millón, por los robos que hubo. Se pagó el 100% de la obra, pero se ejecutó 66%. Desvío de recursos del Fonacide en contrataciones por vía de la excepción que eran para obras de alta seguridad y en zonas aisladas del país, pero que fueron usados para reparar camarotes de comandantes y oficinas todas en capital. Contrataciones Públicas confirmó que el jefe militar no hizo ni un polvorín como ninguna armería para contratar por excepción.

Los abogados pidieron abrir investigación e incorporar datos con base en nuevas informaciones, pero la fiscalía se desentendió.

Investigación a la medida

Al ser el uniformado más antiguo de las Fuerzas Armadas, más que el presidente de la Corte que le va a investigar, el general Gonzaga Garcete tendrá una investigación a su medida. La canalización de expedientes, procedimientos e informes administrativos correrán a cargo de oficiales menos antiguos y de esta forma todo estará bajo su control.

Además la investigación de la Suprema Corte Militar es dentro de las FF.AA. La fiscalía anticorrupción no consideró la comisión fiscalizadora de las obras en la que se encuentran funcionarios públicos (arquitectos e ingenieros civiles, designados por Gonzaga Garcete) ni tampoco a los contratistas que son parte de las contrataciones.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD