Si bien este funcionario declaró que rechazó la entrega de medicamentos porque no tenía lugar en el depósito del Hospital del Cáncer, el contrato firmado con las empresas proveedoras ya establecía un cronograma de entrega de los fármacos que de todos modos llevaría al mismo resultado. Esto teniendo en cuenta el promedio de consumo anual de los medicamentos oncológicos y la cantidad que se compró y se ató la compra a un contrato. También es cierto que el pliego de bases y condiciones para la adjudicación a los proveedores establecía que para la entrega se debía contar con la autorización del Instituto del Cáncer, las órdenes de compra se dieron desde la Dirección de Insumos Estratégicos. El exdirector de esta oficina José María Ruiz Díaz Benítez, y el exadministrador Federico Gill Ramírez, están imputados, ya que fueron quienes expidieron la orden de compra.

La fiscala Fátima Capurro, que inicialmente tuvo el caso a su cargo, había imputado al exviceministro de Salud Édgar Giménez, a quien le cuestionó que había apurado la licitación y que había doblado el lote de medicamentos a ser adquiridos. Es aquí donde en realidad se produjo el daño y no con las órdenes de compra.