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El fiscal Piñánez explicó que el procedimiento en simultáneo se realizó con base en una denuncia de la Coordinadora de Abogados a través de Kattya González y a raíz de publicaciones de ABC Color.
El agente se constituyó en la Justicia Electoral, mientras que su colega Aghemo se fue al Instituto de Previsión Social (IPS).
“La denuncia específica es contra dos funcionarios de la Justicia Electoral, madre e hijo. Se presume que María Estela Soria Achucarro, de profesión enfermera, presta servicios en su calidad de personal de blanco en IPS y también está en la Justicia Electoral, en el Departamento de Asesoría Electoral, por lo que realiza una labor administrativa”, explicó el agente de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Piñánez analizará ahora la situación de la funcionaria asignada al despacho del ministro Alberto Ramírez Zambonini para tomar una determinación, debido a que existen indicios de que entre semana cumple funciones en la Justicia Electoral y los fines de semana en IPS (desde el 2009). No solo determinará si los horarios coincidían, sino si la misma puede recibir doble remuneración del Estado.
Con relación a su hijo Juan Fernando (que hoy tiene 22 años), las publicaciones periodísticas hablan de que fue contratado a los 12 años en la Justicia Electoral y que para ello contaba con un “permiso” de sus progenitores.
El investigador evaluará ahora si María Estela Soria, que logró ubicar a una parentela vip de 10 personas en el TSJE, incurrió en cobro indebido de honorarios por doble remuneración.
La mujer no solo ubicó a su hijo menor de edad, sino también a su esposo Rubén Darío Achucarro Ojeda; sus hermanos Aldo J. Soria Guachiré y Carlos G. Soria Guachiré; a su nuera Magalí Garcete (esposa de Juan Fernando) ni bien culminó sus estudios secundarios; sus cuñadas Nunila B. Achucarro Ojeda (hermana de su marido) y Juana N. Rodríguez de Soria (esposa de su hermano); además de sus sobrinos Carlos J. Soria Rodríguez y Sandra Jacqueline González Achucarro.
Según la denuncia presentada, en el 2015 entre los 10 integrantes de la parentela se llevaron G. 645 millones, conforme al resumen anual publicado en el portal de la institución.
Sin embargo, el nepotismo –muy en boga en nuestro país– no es una figura penal, aunque estaría asociado con el tráfico de influencias.