Las 15.000 hectáreas de El Pedernal, ubicada en el norte del departamento de Pdte. Hayes con una extensión total de 31.307 hectáreas, fueron arrendadas a la firma Agronorte SA el 17 de mayo del 2012, en época de Lugo, según la copia del contrato que había dado a conocer el Gral. Div. (SR) Julio F. Peralta, quien comandó el Comando Logístico hasta agosto del año pasado. Esta unidad es la encargada de administrar El Pedernal.
La cláusula 22 del contrato dice que la vigencia del documento queda supeditada a la ampliación de la resolución N° 156 del Ministerio de Defensa en un plazo de un año. Si en ese tiempo no se da la ampliación, el convenio queda sin efecto. La ampliación nunca ocurrió y el contrato debió expirar el 17 de mayo último.
Sin embargo, según fuentes militares, Agronorte sigue en el usufructo del alquiler, porque existe un segundo contrato que sí está vigente. Ni en las Fuerzas Armadas ni a nivel del Poder Ejecutivo dieron explicación oficial sobre este presunto hecho irregular.
Un expediente sobre el caso está en la Procuraduría General de la República, remitido por Defensa a fines del año pasado, según la titular de dicha secretaría de Estado, María Liz García, para quien el convenio de arriendo debió fenecer el 17 de mayo pasado.
En la Procuraduría, después de varias insistencias, nos prometieron hace una semana dar una información acabada sobre el tema. Nos pidieron esperar unos días para que interiorizarse del expediente, pero hasta ahora no cumplieron la promesa.
En la Justicia Militar el caso está archivado, aunque abierto para el caso que surja algún elemento nuevo que agregar, según explicaron.
En el expediente que formaron en la jurisdicción castrense no existe ningún militar procesado. El Gral. Peralta, quien había firmado el contrato con Agronorte, ya fue destituido en agosto del año pasado de la jefatura del Comando Logístico y luego pasado a retiro, y ya no está bajo jurisdicción directa de la Justicia Militar.
El arriendo de las 15.000 hectáreas es por 15 años, prorrogable, con un canon anual de G. 180 millones y una promesa de inversión de la firma arrendataria de G. 2.700 millones, según el contrato que se dio a conocer a la prensa.