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Gobierno promete controlar fondos de emergencia en departamentos asistidos

Este artículo tiene 11 años de antigüedad
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Los servicios y productos que se priorizarán en los tres departamentos declarados en emergencia –Concepción, San Pedro y Canindeyú– serán estrictamente establecidos y medidos de tal manera que puedan ser auditados y monitoreados por la ciudadanía, con rendiciones de cuentas mensuales. Esto aseguró ayer en conferencia de prensa el titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas. El Ejecutivo incluyó Canindeyú, considerado el departamento con más actividad de narcotraficantes en el país.

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José Molinas afirmó que para evitar cualquier duda sobre el manejo de los fondos, la STP y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) establecieron unos parámetros bien estrictos para que los productos que van a ser entregados estén claramente establecidos y medidos por los kilómetros de transitabilidad, o de extensión del servicio básico, así como el número de escuelas que van a ser mejoradas, y las unidades de salud que van a ser fortalecidas.

Cabe señalar que el presidente de la República, Horacio Cartes, firmó recientemente el Decreto Nº 2954/2015 que declara en situación de emergencia al departamento de Canindeyú por un periodo de 90 días y se establecen las directrices de coordinación y ejecución para la atención en dicho departamento, junto con Concepción y San Pedro, los cuales cuentan desde junio de 2014 con declaraciones de situación de emergencia 5229/2014 y 5270/2014. Esta situación le autoriza al Ministerio de Hacienda a liberar fondos para los tres departamentos.

El artículo 5° autoriza a las tres gobernaciones –a cargo de colorados– a contratar y adquirir por vía de la excepción los servicios o insumos que consideren necesarios. La decisión se toma en pleno año electoral, lo que implica que, sin control, los fondos pueden ser aprovechados para hacer proselitismo.

Según el titular de la Secretaría de Planificación, estos tres departamentos son los más vulnerables, debido al alto nivel de la población rural que subsiste en la pobreza extrema. “En el área rural, la incidencia de la pobreza extrema es cuatro veces más que en Asunción”, resaltó.

El paquete de emergencia también contempla subsidios para adultos mayores correspondiente al programa de transferencias monetarias condicionadas Tekoporã. “Los servicios sociales básicos son precarios en estos departamentos. Es el caso del agua potable, la energía eléctrica, las infraestructura de las escuelas. Además, no hay suficientes profesionales que atiendan los servicios primarios en las Unidades de Salud de la Familia –USF–, y muchos asentamientos están aislados, debido a las malas condiciones de los caminos rurales”, comentó Molinas.

Justificó que la declaración de emergencia afecta a pobladores de comunidades que en un 70% se benefician del programa Sembrando Oportunidades. Estos departamentos son priorizados con el objetivo de acelerar la llegada al territorio de servicios básicos, afirmó.

Narcotráfico

Canindeyú, considerado un departamento con gran actividad de narcotraficantes, recibirá también la ayuda. La región está manejada por políticos colorados, varios de ellos sospechados de estar vinculados fuertemente con el narcotráfico como la diputada Cristina Villalba (ANR); su hermano el intendente de La Paloma, Carlos “Cabrito” Villalba (ANR), y el gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria (ANR). También aparece el prófugo exintendente de Ypejhú, Wilmar Acosta (ex ANR). Fue reemplazado por Emigdio Morel (ANR).

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