Imputación a diputado Ibáñez sigue congelada por el Ministerio Público

El Ministerio Público, a cargo del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, sigue congelando la imputación al diputado colorado José María Ibáñez, pese a las pruebas de los investigadores. El legislador y cómplices hicieron figurar a los caseros de su quinta como funcionarios del Congreso y se quedaba con parte del sueldo.

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El Ministerio Público cuenta con el informe de un banco de plaza que detalla que en las cuentas que poseen el legislador colorado y su esposa, la exmodelo y abogada Lorena Plabst, fueron depositados los salarios de los tres “caseros” que trabajaban en la lujosa quinta del diputado, ubicada en Estanzuela, Areguá.

Otra prueba de los agentes fiscales es el endoso del cheque firmado por el propio legislador para poder efectivizar el salario de uno de los tres caseros, que a su vez figuraban como funcionarios del Congreso.

Sobre el caso, el presidente Horacio Cartes evitó pronunciarse sobre las denuncias que involucran al parlamentario y dijo que primero se informaría porque lo que publican los medios “no siempre se ajusta a la verdad”.

Tras estas declaraciones trascendió que la Fiscalía se enfocaría en investigar los hechos de corrupción durante el gobierno del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), a pedido de parlamentarios colorados que enviaron “señales” al fiscal general Díaz Verón.

Los referentes del Partido Colorado habrían pedido al titular del Ministerio Público aflojar con el caso de Ibáñez, atendiendo que el senador Víctor Bogado (ANR) ya fue imputado por el caso “niñera de oro” mientras que ningún miembro del gobierno anterior era investigado.

Tras este reclamo, el viernes último el Ministerio Público imputó al senador Enzo Cardozo (PLRA) y Rody Godoy, exministros de Agricultura, involucrados en presuntos negociados y desvío de fondos.

Investigación

La investigación está a cargo de los fiscales Victoria Acuña, José dos Santos y Liliana Alcaraz.

Los caseros son Favio Ernán Gómez Chamorro, Viviana Falcón y Éver Isaac Falcón, quienes cobraban salarios de G. 1.200.000, G. 500.000 y G. 800.000 respectivamente como empleados particulares.

Pero el legislador los hizo figurar como funcionarios, sin decirles, a G. 2.500.000 cada uno. Uno de ellos confirmó que el parlamentario orquestó la ilegalidad, pero posteriormente los tres cambiaron su versión ante la Fiscalía y ahora podrían ser acusados de perjurio.

Viviana Falcón, una de las caseras de Ibáñez y seudofuncionaria del Congreso, deberá acudir hoy a las 09:00 a la asesoría jurídica de la Cámara de Diputados en el marco del sumario administrativo abierto ante las publicaciones periodísticas.

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