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Imputación solo busca la forma de cuidar a Sarubbi

Este artículo tiene 11 años de antigüedad
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La imputación del Ministerio Público contra cinco miembros de la familia Benítez es una herramienta de persecución antes que un instrumento que lleve a conocer cómo se inventó el título de propiedad de Enrique “Kike” Sarubbi. El problema de fondo es el proceso iniciado por Sarubbi contra su suegro fallecido 15 años atrás, a quien ganó en juicio una finca de 20 hectáreas.

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El acta de imputación Nº 40 del 13 de marzo de 2015 fue presentado por la agente fiscal Arminda Rivas de Monges, en Ciudad del Este.

El acta de imputación corresponde a la causa de supuesto hecho punible contra la prueba documental.

La fiscala Arminda Rivas de Monges parte del supuesto que Higinio Benítez Arrúa, Aurelia Nicolau de Benítez, Raquel Nicolaus Fernández, Claudia Benítez Nicolaus y Fernando Benítez Nicolaus son responsables de falsificar el título de propiedad de una finca de 20 hectáreas localizada en Minga Guazú, Alto Paraná.

El predio fue comprado por Higinio Benítez en el año 1992; según la fiscala Arminda Rivas de Monges, sus hijos Claudia y Fernando actuaron en complicidad.

En 1992, Claudia tenía 11 años, mientras que Fernando sólo 9 añitos

¿Complicidad en falsificación de documentos a esa edad?

Se podría calificar la imputación como una ligereza de la fiscala de Ciudad del Este, pero también se puede pensar que el objetivo fue cuidar las espaldas de Enrique “Kike” Sarubbi, quien precisamente logró el desalojo de esta familia de la finca en Minga Guazú.

“Kike” Sarubbi logró un título de propiedad judicial y desalojó a los legítimos propietarios del inmueble gracias a una orden emitida por la jueza Máxima Meza.

El título tiene su origen en una demanda contra Feliciano “Manito” Duarte, quien falleció en el 2000, mientras que el juicio comenzó en el 2013.

La imputación de la fiscala Arminda Rivas de Monges se basó en un acta notarial labrada por la escribana María Bolla Arregui donde Humberto Ramón Zapattini niega haber vendido la propiedad a Higinio Benítez.

Como testigo se presentó Rossana Daniela Zapattini Suárez, hija de Humberto Ramón.

En 1992, Rossana Daniela tenía 9 años y lo más probable es que estuviera jugando a las muñecas.

El acta de imputación de la fiscala Arminda Rivas de Monges carece de seriedad y es una tomadura de pelo.

roque@abc.com.py

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