La carpeta fiscal abierta es por los “hechos punibles de lesión de confianza y apropiación”, informaron ayer desde el Ministerio Público.

La investigadora solicitó entre las primeras diligencias, una pericia documental que estará a cargo de los técnicos del Laboratorio Forense de la Fiscalía.

Antecedentes

En el 2013, funcionarios del ente denunciaron que los directivos de la Asociación de Funcionarios de la CGR “bicicletearon” unos G. 4.000 millones del aporte de los socios, hecho que habría continuado hasta el 2016. El relato de varios funcionarios es que recurrieron a la asociación para realizar préstamos, cuyas cuotas tenían que ser descontadas del salario en forma automática y el dinero girado a las entidades crediticias. El dinero fue descontado mensualmente y, al parecer, los directivos de la aso no lo transfirieron a las empresas que otorgaron los créditos, lo que motivó a estas a iniciar acciones judiciales contra los empleados para exigir el pago del crédito.

Los afectados aseguran tener los papeles para probar que mensualmente se le descontaba la cuota correspondiente y que, en algunos casos, llegaron a saldar las deudas contraídas a través de la asociación.

Según los datos a los que accedió este diario, habría 160 afectados, todos empleados de la Contraloría, los que recibieron notificaciones sobre el embargo ejecutivo ordenado por la jueza del Juzgado de Justicia Letrada en lo Civil y Comercial del 4º Turno, Magalí Zavala. No descartan que el número de embargados vaya en aumento.