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El acuerdo refiere a la resolución de la Procuraduría General de la República, de febrero del 2013, entonces a cargo de Pedro Valiente Lara. Este comprometió al Estado al pago de más de G. 45.000 millones a los Arza Huerta, que exigen la millonaria suma para solucionar el problema de las ocho hectáreas que le fueran usurpadas, según alegan, por la Fuerza Aérea en 1943.
El juez Miguel Ángel Rodas había suspendido el pago a los Arza Huerta.
En su escrito el abogado urge la denuncia por la violación de los derechos y deberes del hombre, del protocolo adicional Convención Americana de Deberes Económicos, Sociales y Culturales.
También reclama por la expresa violación de la Constitución Nacional, Código Civil y Código Procesal Paraguayo por violación, restitución de frutos de la propiedad que corresponde a sus mandantes en estricta justicia, más la indemnización por daños morales y materiales del que fueron víctimas por parte del Estado, específicamente las FF.AA.-Comando de la Aeronáutica.
Aduce al incumplimiento y violación del Estado el acuerdo conciliatorio entre este y los Arza Huerta, que establece la compraventa de la finca N° 41.470, padrón 3.997 distrito de Luque. “El Estado no tiene el mínimo deseo de hacer cumplir resoluciones judiciales”, dice Aseretto.