La Corte Suprema de Justicia había determinado que la Ley 3850/09, de inspección técnica vehicular, es inconstitucional porque la ITV es potestad de las comunas.
La ley también viola la Constitución Nacional porque no permite a los talleres mecánicos y las importadoras de rodados y de repuestos participar en la licitación de la ITV. El artículo 107 de la Carta Magna dice: “se garantiza la competencia en el mercado. No será permitida la creación de monopolios”.
Empresas nacionales, que tienen talleres en varias ciudades, advirtieron ayer que las comunas de Luque y de Fernando de la Mora están también creando un monopolio en perjuicio de la gente y de empresas nacionales.
La empresa Taivo SA, de Carlos Tatton, se presentó en la licitación lanzada por la Comuna de Luque en enero de 2014. La empresa ya estaba operando en esta ciudad según licitación lanzada por la Dirección Nacional de Trasporte. La concesión de Dinatran quedó anulada al fallar la Corte a favor de la Comuna en el 2013.
Tatton dijo que la Intendencia favoreció a Ivesur SA con exigencias desmedidas. Aclaró que es difícil competir con esta firma porque la Municipalidad de Luque, como requisito ineludible, exigió certificar el número de inspecciones a nivel nacional e internacional.
La Comuna le dio a esta empresa 100 puntos en la evaluación de ofertas, ya que presentó un documento que dice que controla más de 12 millones de rodados por año. La firma Taivo SA, más de 63.000.
Tatton protestó y pidió eliminar esta exigencia, pero la Comuna de Luque la rechazó. El edil Hugo Segovia señaló ayer que analizarán la denuncia, pero adelantó que sería difícil que la Junta Municipal anule la adjudicación porque es cosa juzgada.
La empresa ACA SA, cuyo gerente es Rubén Montiel Álvarez, denunció a la Junta Municipal de Fernando de la Mora que el intendente Édgar Quintana preparó el pliego de bases con los mismos requisitos de la Comuna de Luque. Por eso, la única oferente fue Ivesur SA. La Junta aún no aprobó la licitación.
Javier Cristaldo, gerente de Ivesur, había dicho que las comunas tienen potestad para fijar criterios que favorecen a la ciudadanía, tal es el caso de la exigencia de la “experiencia internacional” en ITV y la calidad ISO.