El juzgamiento se realizará este miércoles 15 de noviembre, y ya no existen trabas para el normal desarrollo porque la Sala Constitucional rechazó una acción después de un año y seis meses.
Sin embargo, el desbloqueo del caso puede desencadenar en impunidad. Esto es así porque el ministro Antonio Fretes y los camaristas civiles Juan Carlos Paredes y Lynneo Ynsfrán se negaron a estudiar una acción de inconstitucionalidad que planteó en abril del año pasado el fiscal anticorrupción Luis Piñánez.
El agente se alzó contra un fallo de la Cámara de Apelaciones en el que no solo se reenvió la causa para otro juicio, sino también se anuló la imputación por enriquecimiento ilícito.
Los camaristas Pedro Mayor Martínez y Mirtha González de Caballero habían invalidado el inicio del proceso por supuestos errores de la Fiscalía.
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Básicamente fue porque comenzó con una sospecha de compra de un avión Hawker, modelo 125, por valor de US$ 350.000, pero como todos los bienes de Erico Ortiz fueron objeto de la investigación penal, la Fiscalía concluyó que tampoco podía justificar el pago de impuestos, compra de repuestos por US$ 40.000 y algunos vehículos que tenía a su nombre por valor de G. 200.000.000.
Además, la propia defensa del piloto argumentó que hizo un millonario préstamo para la adquisición y no se pudo comprobar cómo se hizo cargo de la deuda con un salario de G. 3.000.000.
Para el Tribunal de Alzada, el entonces fiscal Arnaldo Giuzzio (hoy senador) debía citar a indagatoria al piloto por cada bien que encontraba y este no podía justificar.
Ahora, el nuevo tribunal de sentencia integrado por los jueces Jesús Riera, Juan Pablo Mendoza y Laura Ocampo, puede esbozar el criterio del tribunal superior y de un plumazo la dilatada causa.