El proyecto de ley, presentado por los entonces senadores Miguel A. Carrizosa (PQ) y Roger Caballero (Unace) y aprobado el 6 de junio pasado, obliga la creación de colegios profesionales universitarios, instituciones que tendrán la potestad de otorgar, renovar suspender, cancelar y rehabilitar la matrícula habilitante para el ejercicio de la respectiva profesión, sin la cual ninguna persona podrá ejercerla.
La especialización dentro de cada disciplina profesional también deberá ser certificada por el colegio respectivo. Los colegios tendrán la potestad de ejercer la representación del respectivo gremio profesional ante los poderes públicos, y cualquier otro organismo o persona pública o privada.
Diputado Acosta rechaza
El diputado liberal Édgar Acosta es uno de los más férreos detractores del proyecto de ley, que fue ratificado en Senado y volverá a estudiar en el 2014 en la Cámara Baja. Señaló que no se puede supeditar a ninguna organización el ejercicio de la profesión. “Soy contador desde hace 16 años, y son mis clientes quienes determinan si soy bueno o malo. Es preocupante que se quiera dejar en manos de un grupo de personas la potestad de otorgar una matrícula para que alguien que estudió una carrera universitaria pueda ejercerla. Es absurdo”, significó.
Acosta se preguntó también qué pasaría si las personas que están al frente del citado colegio profesional creado por ley simpatizan con un partido político, y el hecho pesa a la hora de habilitar o cancelar la matrícula a un profesional que no es de su sector. “No se puede aprobar una normativa de este tipo”, aseguró.
Ejercicio del periodismo
A priori, el proyecto de ley colisiona también con el artículo 29 de la Constitución nacional que habla de la libertad del ejercicio del periodismo.
Textualmente el artículo expresa: “El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa”.
