Conforme a los documentos, la Sala Constitucional, con el voto unánime de los tres magistrados -Núñez fue el preopinante-, aceptó una acción de inconstitucionalidad promovida por el fiscal Édgar Sánchez contra una resolución del 28 de marzo pasado del Tribunal de Apelaciones, 4ª Sala, que ordenó se siga investigando la denuncia hecha por Gutnisky. Esta firma sostiene que Naveradi se apropió en forma ilícita de sus embarcaciones. El tribunal, integrado por Arnulfo Arias, Carlos Ortiz Barrios y Emiliano Rolón, con esa resolución anuló una sentencia del 31 de diciembre del 2013 del juez de garantías Miguel Tadeo Fernández, que había rechazado -a petición del fiscal Sánchez- la denuncia de Gutnisky.

Los abogados del estudio jurídico del senador Enrique Bacchetta (ANR), que representan a Gutnisky, apelaron la decisión de Fernández con el argumento de que la Fiscalía no investigó todas las aristas del presunto ilícito. Las barcazas fueron arrendadas a Naveradi, pero las mismas luego aparecieron como fabricadas en Paraguay y propiedad de los hermanos Ramírez Dittrich y de Darío Rubén Báez, de San Cayetano, según la denuncia. La Fiscalía, según averiguaciones hechas por nuestro diario, no tuvo en cuenta una pericia documentológica ordenada por el Ministerio Público y que dice que una gran mayoría de los documentos “tienen adulteraciones o modificaciones”. Tampoco verificaron los “astilleros” donde supuestamente se fabricaron las naves ni pidieron recibos de la supuesta compra de toneladas de acero. La documentación de la supuesta fabricación se hizo en la Prefectura General Naval.