Rabito es el médico responsable de la unidad de Atención Primaria de la Salud (APS) encargada de la zona de la Chacarita. Según explicó, tiene una población de aproximadamente 3.000 personas a su cargo.
Habitualmente, la unidad funcionaba en el puesto de salud del barrio, pero al igual que muchas de las casas de la zona, el edificio quedó bajo agua y se vieron obligados a moverse. Parte del servicio funciona actualmente en una seccional colorada, pero Rabito se negó a atender en el lugar por una cuestión ética. “Creo que no hay que mezclar las cosas”, manifestó en conversación con ABC Color.
Además de atender en una pequeña pieza, Rabito debe realizar cada dos días recorridos por cinco refugios a fin de poder seguir de cerca la situación de sus pacientes.
Los casos más comunes son los pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o asma. Entre los niños, parasitosis, vómitos y diarrea son las afecciones predominantes.
Así también, las necesidades son muchas. Por ejemplo, los bajalenguas y el aparato para tomar la presión fueron adquiridos con dinero propio. Para poder cumplir con exigencias administrativas del Ministerio de Salud, debe pagar servicio de internet y en algunos casos hasta por la limpieza del local.
La balanza y el artefacto para revisar oído y garganta que fueron proveídos por la cartera estatal son defectuosos; algo que, según señala Rabito, se repite en varios lugares.
La falta de medicamentos también es una cuestión con la que tiene que lidiar. Todo el lote se encuentra en el local partidario y no le permiten llevarlos al puesto donde atiende, por lo que se vio obligado a conseguir algunos por gestión propia.
A todo ello hay que sumarle además –relata– la falta de cumplimiento de los compromisos salariales (retrasos de hasta dos meses en los pagos) y la persecución contra quienes tratan de defender los derechos de sus colegas. “Son condiciones bajo las cuales uno tiene que hacer malabarismo para poder trabajar”, sentencia.