PUERTO MURTIÑO, Brasil (Carlos Almirón, enviado especial). Con la mediación del Consulado paraguayo, pudimos dialogar con los dos paraguayos de la etnia Ishir detenidos, previo acuerdo de no ingresar con cámara fotográfica, celulares ni grabadoras a la sede de la Policía brasileña. 

La entrevista fue realizada por separado. El primero en acudir fue Carlos González, quien no pudo contener su llanto al vernos, y profundamente dolido, nos explicó que fue contratado por su cuñado, el otro detenido, para un flete con su embarcación a fin de trasladar objetos de trabajo desde una estancia paraguaya donde el mismo había culminado su trabajo. “Chegueru reiete” (me trajeron sin causa), dijo entre sollozos.

La entrevista duró unos 20 minutos, tiempo en el cual logramos que pueda comunicarse vía telefónica con sus familiares en Fuerte Olimpo. Procuró ser fuerte y no llorar cuando habló con su madre. Luego, los policías que también participaban de la entrevista, lo llevaron de nuevo a su celda, no sin antes confundirnos en un abrazo fraterno y esperanzador.

Pudimos también hablar con Carlos Franco, quien aparentaba estaba calmado. Este también se ratificó, al igual que su compañero, que el procedimiento policial se produjo en territorio paraguayo a unos dos kilómetros de Olimpo. “Yo trabajé por dos años en la estancia Cerrito y con la platita que logré ahorrar pensaba construir para mi vivienda en Olimpo, por lo que solicité a mi cuñado sus servicios para llevar mis pertenencias”, sostuvo. 

“La única arma que teníamos era un fusil recortado viejo que yo había comprado a una persona que también trabajaba en la misma estancia”, dijo, alegando que no tenía un revólver como se pensaba inicialmente. Franco pudo dialogar por teléfono con su hermana.

Por “tráfico de armas” se los acusa, por lo que su caso debe ser atendido por un juez federal y como el más cercano se encuentra en Ponta Porã, los detenidos deberán ser trasladados hasta allí en las próximas horas.

Las comunidades indígenas del departamento del Alto Paraguay, y los pobladores en general piden una acción más efectiva de nuestra Cancillería a fin de apurar la libertad de estas personas.