García se comunicó con nuestro diario para dar su postura y pedir que se publique los datos que ella proveyó sobre al arriendo, y que son básicamente las inversiones previstas de los 200.000 dólares anuales que ingresarán al Estado por el alquiler de las 37 hectáreas a la firma San Francisco SA (Puerto Privado Caacupemi). La ministra había destacado que con ese dinero se refaccionarán las cuadras del cuartel del RC-4 y se equipará con todo lo necesario el servicio de equinoterapia que ofrece en forma gratuita la unidad militar.

En cuanto a los cuestionamientos que recibió el sábado durante una manifestación de pobladores de Zeballos Cue, que exigen la anulación del arriendo, dijo que ella actuó conforme a la ley y que está dispuesta a mostrar toda la documentación sobre la cesión del predio. Resaltó que el expediente del caso comenzó hace alrededor de un año y que pasó por todas las instancias de control pertinentes. “No me muevo sin dictámenes jurídicos y sin que pasen por las instancias que correspondan el tipo de decisión que deba tomarse”, expresó. Jesús Lara, presidente de la seccional colorada de Zeballos Cue, dijo durante la manifestación del sábado que en Defensa “hicieron en secreto y en forma irresponsable” el arriendo para el puerto privado, que según él, es una instalación pondrá en peligro la planta procesadora de agua de Essap, ubicada al lado.