Francisco José de Vargas Benítez habló sobre las posibles consecuencias que pueden derivar del escándalo por la venta de una cédula y de un pasaporte paraguayos, con el nombre de un joven fallecido, al famoso narcotraficante Ibar Pérez Corradi, quien a su vez seguiría oculto en nuestro país y, específicamente, en Ciudad del Este.
“Si esto tiene que llegar hasta mí, que llegue. Tengo la conciencia tranquila”, declaró ayer el ministro del Interior en el espigón presidencial del aeropuerto “Silvio Pettirossi”, a la llegada del presidente Horacio Cartes desde Francia.
Al ser consultado si sabía sobre la supuesta investigación interna de la Policía que detectó la expedición irregular de los documentos, De Vargas reiteró que al ministerio no llegó la información, pese a que el destituido jefe del departamento de Identificaciones, comisario principal Gilberto Gauto Ramírez, había asegurado que incluso le comunicó de todo lo que pasaba al comandante de la Policía, comisario general Críspulo Sotelo Cáceres.
“El comandante (Sotelo) no se encuentra (en el país), tengo que reunirme y hablar con él”, adelantó el ministro del Interior, quien después fue más categórico al advertir sobre la situación del jefe de la Policía que “también están las responsabilidades no solo penales, sino administrativas y hasta políticas sobre este tema”.
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De este modo, el secretario de Estado insinuó una posible destitución de Sotelo, aunque después aclaró que el cambio “obviamente, estará sujeto a la decisión del Presidente” (Cartes).
Un tabacalero de por medio
La pelea entre el ministro del Interior y el comandante de la Policía ya data desde poco después de la asunción de Sotelo al cargo, lo cual se produjo hace un año justamente gracias a la recomendación de De Vargas.
Sin embargo, el comisario general Sotelo, aparentemente, empezó a obviar al ministro De Vargas, ya que profundizó su amistad con el influyente tabacalero José Ortiz, uno de los hombres de confianza del presidente de la República, Horacio Cartes.
Así, Sotelo tenía acceso directo a Cartes, a través de Ortiz, mientras que De Vargas terminó relegado hasta en las decisiones operativas importantes, como las que se asumen en el combate contra el grupo criminal EPP en el norte del país.
Incluso, en filas policiales se nota aún más la abierta pelea entre ambas autoridades, ya que hay un grupo de comisarios que responde directamente al ministro y otro equipo que opera a cargo del comandante.
El fugitivo silencioso
El caso se inició el 7 de agosto de 2008, cuando fueron reportados como desaparecidos en Buenos Aires los empresarios farmacéuticos argentinos Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, cuyos cadáveres aparecieron acribillados seis días después en la localidad de General Rodríguez.
El supuesto mandante del triple crimen fue el entonces socio comercial de las víctimas, Ibar Esteban Pérez Corradi, quien aparentemente “se adelantó” a los tres empresarios que querían desplazarlo del negocio del tráfico de efedrina hacia México y del de drogas sintéticas hacia Estados Unidos.
Pérez Corradi fue capturado en 2010, al ser acusado de lavado de dinero y encubrimiento, siempre en la investigación por narcotráfico, pero obtuvo nuevamente su libertad dos años después, al concluir el plazo de la prisión preventiva que soportaba.
Ese mismo año, la justicia finalmente pudo colectar elementos suficientes para sostener una acusación por el triple homicidio, pero para cuando fueron a buscar al criminal, a la casa de su madre, donde fijaba residencia, este ya había escapado nuevamente.
Desde hace cuatro años, el famoso criminal argentino es el hombre más buscado de su país y uno de los 10 principales objetivos de Interpol en toda Latinoamérica, aunque se cree que todo este tiempo estuvo oculto silenciosamente en la triple frontera comprendida entre Paraguay, Argentina y Brasil.
En febrero de este año, la prensa argentina, con base en supuestas fuentes ligadas a la búsqueda de Ibar Pérez Corradi, anunció la captura del fugitivo en el Paraná Country Club de Hernandarias, pero la información fue desmentida por la Policía paraguaya inmediatamente después.
Pero el jueves último, el caso adquirió otra vez una amplia repercusión internacional, después de que se comprobara que Pérez Corradi operaba en Paraguay desde agosto del año pasado con una cédula y un pasaporte a nombre de un joven fallecido en un accidente, hace casi 14 años.
Un equipo especial de búsqueda, conformado por representantes del Comando Tripartito de la Triple Frontera, ahora apura la detención del narcotraficante, especialmente en Ciudad del Este, luego de que el caso revelara la corrupción en la Policía paraguaya.
Prisión para los dos suboficiales
La jueza penal de Garantías de Guardia Lici Teresita Sánchez resolvió en la tarde de ayer la prisión preventiva de los suboficiales David Nicolás Benítez Meza y Luis González González, quienes fueron imputados por producción de documentos no auténticos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y cohecho pasivo agravado, por la fiscala Sandra Quiñónez. La magistrada dispuso en su resolución que los dos procesados sean remitidos a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por cinco días y de no haber una resolución contraria luego sean remitidos a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú u otro establecimiento penal, para que cumplan la prisión. Los dos suboficiales están siendo investigados por el escándalo de la cédula que se otorgó a un prófugo de la justicia, utilizando el documento de una persona fallecida en el 2002.