El proyecto de ley que reestructura la Escribanía Mayor de Gobierno –actualmente en estudio en comisiones del Senado– “levantó en armas” a un grupo de escribanos que asegura que se perjudicará a unos 2.000 depositarios de la fe pública si se aprueba la legislación, impulsada desde la gestión de Narvaja. Los cuestionadores señalan que la Escribanía Mayor de Gobierno, con la reestructuración, pretende monopolizar las escrituras de contratos entre particulares y el Estado.
Narvaja, por su parte en visita ayer a nuestro diario, aseguró que los críticos no hablan con la verdad y que la cuestión de fondo es que se afectaría el bolsillo de algunos al no cobrarse aranceles e impuestos en los actos notariales del Estado, según propone el proyecto de ley.
La escribana mayor de Gobierno habla de un “desorden” y “caos jurídico” increíbles en cuanto a los bienes del Estado porque no están los títulos. Esto sobre todo desde el 2005 cuando se liberalizaron las escrituras del Estado y entraron los escribanos particulares. La mayoría de las escrituras no fueron remitidas a la Escribanía Mayor de Gobierno, dijo Narvaja. Agregó que el desorden también es porque nunca se hicieron las escrituras de transferencias de numerosos bienes del Estado. Enfatizó que actualmente existen miles de escuelitas, centros de salud y alcaldías policiales en las que no se puede invertir porque no tienen títulos. No se hicieron las escrituras de las transferencias porque eran productos de donaciones, transferencias de municipios, casos en que los escribanos particulares no tienen interés porque no cobran nada, según Narvaja. La intención con el proyecto de ley es volver a lo que era antes del 2005, explicó la escribana mayor de gobierno. Finalmente, dijo que ella no cobrará ningún arancel por las escrituras, porque ya tiene salario del Estado.