El incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la Ley de libre acceso a la información pública, por parte de funcionarios y empleados públicos, será considerado como falta grave e incurrirán en responsabilidad administrativa, por lo que serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley N° 1626/00 “De la función pública”. Esta ultima normativa, por su parte, señala que las faltas graves podrán ser castigadas por suspensión del derecho a promoción por el período de un año o suspensión en el cargo sin goce de sueldo de hasta treinta días; o, destitución o despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por 2 a 5 años.
La Ley 5282, que entra en vigencia el 1 de enero del 2015, establece que toda persona interesada en acceder a la información pública deberá presentar una solicitud ante la oficina establecida en la fuente pública (institución) correspondiente, personalmente, por correo electrónico, en forma escrita o verbal, y en este último caso, se extenderá un acta. La presentación contendrá la identificación del solicitante, su domicilio real, la descripción clara y precisa de la información pública que requiere, y finalmente, el formato o soporte preferido.
Toda solicitud deberá ser respondida dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la presentación. La información pública requerida será entregada en forma personal, o a través del formato o soporte elegido por el solicitante, dice la normativa.
Premian a uno de los que motivó la ley
Daniel Vargas Telles ha sido escogido este año como el ganador del premio “Antorcha de la libertad” 2014 de Radio Libre, dirigida por Benjamín Fernández, por su lucha en favor de la transparencia del Estado. Vargas pidió años atrás informes sobre cuánto ganaban y qué funciones tenían los empleados del Municipio de San Lorenzo y la respuesta fue insultante: le dijeron que no tenía ninguna razón para solicitar dichos informes a pesar de pagar sus impuestos en el municipio donde residía. Fue rechazado, repudiado, insultado por las autoridades civiles y judiciales hasta que finalmente, tras 7 años, obtuvo una sentencia favorable de la Corte en octubre de 2013 que desató un tsunami informativo que acabó con los secretos y oscuridades del Estado.