Oficiales consulares trabajan por la lista 1 abiertamente, violando la ley

VILLA HAYES, Dpto. de Presidente (Rocío Portillo, corresponsal). Funcionarios del Consulado paraguayo en Clorinda (Argentina), en pleno horario de oficina, realizan trabajos políticos para la lista 1, de la ANR, con miras a las elecciones municipales de este domingo 15 de noviembre.

Esos asalariados de la Cancillería son sindicados como ahijados del clan Núñez, familia que domina la zona. En la nómina de empleados del Consulado figura la candidata a intendenta de Puerto Falcón Delia Agustina Ramírez (ANR), quien a la vez es concejala con permiso. Ella tiene un cargo de oficial en Clorinda y su salario es de G. 21.110.308.

Otros funcionarios son: Luis Rafael de los Ríos Velázquez, oficial en el Consulado en Clorinda. Percibe sueldo de G. 15.960.308, más gastos de residencia. De los Ríos fue secretario general de la Municipalidad de Villa Hayes durante la gestión del entonces intendente Basilio “Bachi” Núñez.

De los Ríos fue designado apoderado distrital de Villa Hayes por el clan Núñez, realizando campaña a favor del candidato oficialista Dr. Alberto Núñez.

Pedro Campuzano Orihuela, oficial consular en Clorinda y que percibe un salario de G. 15.960.308 más gastos de residencia, es asesor jurídico de la Municipalidad de Villa Hayes, además de ejercer sus servicios privados de abogado. Igualmente fue designado apoderado distrital de Villa Hayes por los Núñez.

Luis Alberto Gómez, oficial en la Embajada en Buenos Aires, con un salario total de G. 27.419.792 y Anselmo Duarte Samaniego, oficial consular en Clorinda con salario de G. 21.110.308, fueron designados apoderados de la ANR en el departamento de Presidente Hayes.

La Ley 1626 de la Función Pública señala que las personas que se encuentren ejerciendo cargos públicos no pueden recibir doble remuneración estatal o ejercer trabajos privados, salvo la docencia. En tanto, la Ley 1335/99 del Servicio Diplomático y Consular, refiere que los funcionarios del servicio diplomático y consular no podrán “ejercer actividad proselitista de carácter político-partidario en el desempeño de sus funciones”.