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Ordenan la detención del intendente de Ypané y de su administradora

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
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La fiscala Brígida Aguilar, de J. Augusto Saldívar, ordenó ayer la detención del intendente de Ypané, Horacio Ortiz (PLRA) y la tesorera de la Comuna, Elva Beatriz Corvalán, quienes están prófugos. La representante del Ministerio Público allanó la sede municipal y se incautó de varios documentos relacionados al uso de Fonacide, hecho que dio pie a la investigación fiscal.

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YPANÉ (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal).Mediante la resolución Nº 07 la Fiscalía de la ciudad de J. Augusto Saldívar ordenó ayer la detención del intendente de este distrito, Horacio Ortiz Albrecht (PLRA), y la administradora de la comuna, Lic. Elva Beatriz Corvalán Díaz, por el supuesto hecho de lesión de confianza.

La fiscala Aguilar presentó en horas de la mañana la imputación contra el jefe comunal y su tesorera ante el juzgado de J. Augusto Saldívar por los supuestos hechos de lesión de confianza y horas después se decretó la prisión preventiva de ambos.

El Ministerio Público investiga al titular comunal tras una denuncia del dirigente colorado Hugo Waldino Lovera, realizada ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción sobre el uso de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). “Uno de los puntos claves de la investigación guarda relación con la compra sobrefacturada de equipos informáticos sin licitación alguna, de parte de la Municipalidad y que fueron distribuidos a las instituciones educativas”, expresó la fiscala.

Dijo que la administración de Ortiz adquirió computadoras a G. 4.450.000 cada una, pero se comprobó que dichos aparatos costaban en el mercado tan solo G. 1.700.000.

La Comuna adquirió un total de 27 computadoras por las que pagó G. 120.150.000, de la empresa SD ingeniería.

La fiscala comentó que investiga además el uso de estos recursos en otras cosas que no sea educación, como la construcción de empedrados y una ciclovía, además se verificarán las construcciones de aulas, varias de ellas paralizadas.

“El intendente debe de justificar el uso de más de G. 1.850 millones o devolver la plata porque se expone a una pena privativa de libertad de 10 años y varias veces hemos solicitado el informe a la Comuna, pero no nos acercaron ningún papel”, expresó Aguilar.

Ya en horas de la tarde la agente fiscal allanó el local municipal y se incautó de varios documentos relacionados con el uso del dinero de Fonacide, manejo por el cual es investigado.

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