Plantean represalia contra sanatorios

El diputado por el Partido Colorado Bernardo Villalba planteó revisar el contrato del seguro médico que tiene la Cámara de Diputados con Asismed.

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El legislador cuestionó que los sanatorios La Costa y San Roque, que forman parte del sistema de medicina prepaga, se hayan sumado a la protesta ciudadana de escrachar a los 23 senadores que votaron en contra del desafuero del senador colorado Víctor Bogado.

Ambos centros asistenciales anunciaban días pasados su adhesión a la protesta generalizada y señalaban que atenderán a los legisladores “por humanidad”, pero que su actuación los indignaba.

Villalba manifestó que ningún médico puede alegar cuestión de humanidad para atender a un paciente, pues es su obligación hacerlo. Recordó que cada uno de ellos hace un juramento hipocrático cuando se recibe de médico. “Asumen la responsabilidad de velar por la salud de las personas”, manifestó al tiempo de agregar que no puede poner por encima de esto su propia dignidad. “Que no me vengan a decir que por humanidad hacen. Debe primar el derecho de la persona”, acotó.

Insistió en que los centros asistenciales ni siquiera se pueden pegar el lujo de rechazar pacientes, puedan o no pagar estos por la atención que les brindan.

El legislador anunció que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados, prevista para el miércoles, presentará un proyecto de resolución al respecto.

La Cámara de Diputados cada año contrata seguro médico para los legisladores y funcionarios de la institución. Según los datos, el monto que paga superaría los dos millones de dólares anuales.

La ola de protesta contra los senadores que votaron en contra del desafuero del senador Víctor Bogado se inició el fin de semana y fue cobrando fuerza a tal punto que en estos momentos más de un centenar de comercios se adhirieron espontáneamente a la campaña de no permitir el ingreso de las 22 “niñeras” de Bogado.

El mote surgió del hecho de que la justicia solicitó el desafuero del legislador para investigarlo en el caso de supuesto cobro irregular de salario en el que incurrió su niñera Gabriela Quintana Venialgo.
La misma figuraba como funcionaria permanente en la Cámara de Diputados y como contratada en Itaipú.

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