Solo la Corte Suprema de Justicia cedió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) US$ 23 millones para crear y mantener en funcionamiento una Unidad de Ejecución del Programa de Mejoramiento de la infraestructura edilicia del sistema judicial paraguayo.
Estos fondos son recursos propios presupuestados para la Corte, que al pasar en manos del organismo internacional queda fuera de todo tipo de control de las instituciones del Estado, como Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República.
El PNUD en estos momentos lleva adelante procesos licitatorios para la construcción de obras civiles de los juzgados de primera de instancia. En estos días se define cuál será la empresa que se encargue de la construcción de la sede judicial de Horqueta, cuyo costo ronda los US$ 4 millones.
Por administrar estos recursos, el organismo internacional cobra un porcentaje del 6%, como cualquier empresa consultora que ofrece un servicio.
Además del proyecto de la Corte, el PNUD lleva adelante otros proyectos con diferentes instituciones públicas (ver infografía), lo que en manejo de recursos representan unos US$ 30 millones. Si sobre este monto se calcula el cobro de 6% por la ejecución de las tareas, significa que el organismo se quedaría con cerca de US$ 2 millones.
Según se puede observar en el portal del PNUD, unos 15 proyectos son financiados por ellos, que en números casi llegan al millón de dólares.
Esto significa que sería más lo que el organismo internacional cobra por administrar el dinero público, que el monto que ellos destinan para financiar algunos proyectos con el Estado.
No se accede a datos
En el portal del PNUD, en el que se encuentran detallados los proyectos que se están llevando adelante, los links relacionados a las copias de los acuerdos y convenios no se pueden abrir.
Llamativamente, el organismo internacional todo el tiempo habla de transparencia en el manejo de los recursos públicos; sin embargo, es difícil acceder a toda la información. Su propia normativa impide que los oferentes puedan ver los documentos de los procesos licitatorios.
Preocupa a Contrataciones uso de fondos
El director de Contrataciones Públicas, Eduardo de Gásperi, sostiene que cuando una licitación es manejada por el PNUD, como en el caso de las obras para la Corte, automáticamente se sale del sistema natural de control por parte de los organismos del Estado.
“Salimos del sistema, sale Contrataciones, sale Contraloría y sale la prensa, ya que no se tiene toda la información que está normalmente en el portal”, señaló.
A su criterio, el gran afectado es el proveedor y la población en general debido a que como se basan en sus propias normas, es difícil acceder a toda la información de un proceso licitatorio.
“Los mecanismos de impugnación son más complicados. Si querés impugnar hay que hacerlo ante la autoridad de Washington. Sin embargo, de acuerdo a nuestra ley se hace dentro de la Dirección de Contrataciones Públicas”, puntualizó.
Según Eduardo de Gásperi, algunas instituciones públicas, al acordar con el PNUD, directamente están tercerizando un servicio.
“Se contratan los servicios de un tercero para que haga los procedimientos de compras. Mañana se podría crear una agencia de compras y ofrecerle los servicios al Estado para gestionarle sus compras y en vez de cobrarle 6 por ciento le cobras 4 por ciento”, señaló.
El funcionario dijo incluso que al entregarle al PNUD el manejo de las licitaciones públicas es una pérdida de soberanía.
“El Estado está cediendo una de sus principales facultades que es la de administrar sus propias instituciones”, manifestó.