TACUATÍ, San Pedro (Iván Leguizamón, Carlos Schatebehk y Roberto Torres, enviados especiales; Omar Acosta, corresponsal). Pobladores del asentamiento Tacuatí Poty se manifestaron ayer en reclamo de la libertad de los dos encarcelados por el asesinato de Luis Lindstron: Gustavo Ramón Cardozo Bazán (26) e Ireneo Ramón Vallejos Rojas (41), recluidos en la prisión de San Pedro.
El crimen del hacendado ocurrió dentro del predio de la estancia “Paso Itá”, de Maris Llorens, a solo 2.000 metros de dicho asentamiento, que según la Policía es uno de los bastiones del EPP.
Según el fundamento de la Fiscalía, Gustavo Cardozo es uno de los francotiradores que perpetraron el atentado e Ireneo Vallejos el que escondió en su casa a tres integrantes del brazo armado del EPP que dieron las instrucciones y participaron del crimen.
Victoria Sanabria, una de las voceras del grupo, señaló que se sienten muy perjudicados por la difusión de noticias negativas sobre su comunidad. “Nos perjudica la mala imagen que se da de nosotros, no somos la cuna del EPP. Acá entran macateros, vendedores, compradores, no hay denuncias de asaltos; no somos la gente que la prensa dice. Queremos que sean más objetivos, que miren primero a la gente antes de publicar”, dijo.
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Fue en referencia a la divulgación de nombres de varios presuntos militantes del EPP, todos residentes en Tacuatí Poty, ya que además de los detenidos Gustavo Cardozo e Ireneo Vallejos, hay otros cuatro pobladores locales con orden de captura por el mismo crimen: Damacio Miranda Medina (26), Carmelo Recalde Pérez (41), Pedro Pablo Balbuena Romero (21) y Juan Ramón Cardozo Bazán (25).
“Creemos que son inocentes, porque no hay pruebas. El Ministerio Público no tiene pruebas. Solamente hay las declaraciones de menores de edad. A nosotros nos acusan de ser miembros del apoyo logístico del EPP, pero ni siquiera sabemos qué significa ese término”, argumentó Victoria Sanabria.
Al ser consultados sobre el despliegue militar-policial en la zona, autorizado después de los cinco asesinatos que el EPP perpetró en la estancia “Lagunita”, los vecinos indicaron que temen a la militarización. “Generalmente, en el Paraguay de los pobres no hay justicia. Tenemos miedo, no tenemos confianza en la Fiscalía y la Policía, que demostraron su incapacidad para investigar”, agregó Sanabria.