Pedro Valiente participó ayer en la Vicepresidencia de la República de una reunión para el cumplimiento de sentencias internacionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al salir se le consultó su opinión sobre la disparidad de criterios existentes entre la Procuraduría y la Secretaría Anticorrupción respecto a la compra por parte del Indert de tierras de la empresa San Agustín, semanas antes de las elecciones del 21 de abril.
Respondió que tras publicarse el tema convocaron al titular del Indert, Luis Ortigoza, para que explicara la operación. “Nos acercó una carpeta y vimos que ahí estaban todos los elementos para que se adquiera ese terreno y ahora estamos pidiendo informes de aquí y de allá para sacar una conclusión definitiva del tema, porque la prensa dice que tenemos que demandar y hasta ahora nosotros no reunimos los elementos para que iniciemos una acción de devolución del importe pagado”, respondió. Preguntado si cree que hubo robo al Estado, respondió: “Para nada, se pagó el precio del inmueble”. Comparte el informe de Anticorrupción que dice que se cometió una estafa, se le insistió. Valiente contestó: “No comparto. Yo me enteré que Anticorrupción hizo una denuncia ante la fiscalía. Entonces tenemos que esperar que haya una sentencia firme y ejecutoriada de condena”. Recalcó que “hasta ahora no encuentro elementos que me digan que fue una estafa”.
Se le indicó que el actual titular del Indert, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, dijo que no pagará el saldo del 20 por ciento a los dueños de las tierras adquiridas por el Indert, hasta que se dilucide el caso. “Sabe qué va a ocurrir en ese caso si es que no paga todo el precio, el vendedor le puede demandar al Estado paraguayo para que le pague eso judicialmente, bajo la figura de incumplimiento”.
En relación a la implicancia política que tuvo en su momento la adquisición de esas tierras, cuyos propietarios están ligados al oviedismo que resolvió apoyar al candidato liberal a la presidencia de al República, Valiente contestó que no se mete mucho en política y que se dedica exclusivamente a la parte jurídica y evita que el Estado se desangre por promoción de acciones que no corresponden.