Amarilla sostuvo que fue imputado en marzo de 2017 por la fiscala Victoria Acuña, como mecanismo de “apriete” del gobierno de Horacio Cartes en represalia a su rechazo al proyecto de enmienda mau. Afirmó que colaboró activamente con la Fiscalía durante 20 meses y que su desvinculación del caso se dictaminó el 27 de noviembre último. Al consultarle si se consideraba un perseguido político, dijo: “Desprecia a los políticos que escudan sus fechorías en la cuestión de la persecución política. Conozco a muchos de estos bandidos. En mi caso claramente ha sido una maniobra política para extorsionarme”.

Amarilla fue asesor político del presidente Mario Abdo Benítez hasta que renunció el 20 de setiembre pasado. Agregó que sigue siendo colaborador del Jefe de Estado y aún no fue nombrado en una binacional.