Los camaristas Pedro Mayor Martínez, Cristóbal Sánchez y Mirta González de Caballero resolvieron que el juez Delgado continúe en el caso “niñera de oro”. Fue al hacer lugar a la impugnación de la jueza Gricelda Caballero, quien afirmó que no hay argumento para que su colega se aparte del dilatado proceso.

El juez Delgado se inhibió del juicio a Bogado, luego de la intervención de los abogados José González Macchi y Víctor Galeano Perrone, como nuevos defensores del senador colorado.

De esta forma, el parlamentario logró suspender la audiencia preliminar, que no se puede realizar hace dos años, en la que se tiene que resolver si afronta o no juicio oral por estafa y cobro indebido de honorarios.

Los camaristas dijeron que si bien la Constitución garantiza los derechos procesales del encausado, entre lo que está la elección de un abogado de confianza; no se puede olvidar la reglamentación en el Código Procesal Penal, artículo 112. El mismo establece que las partes no podrán designar durante la tramitación del procedimiento apoderados o patrocinantes comprendidos respecto a los jueces, con la intención de inhibirlos.

Al mismo tiempo, los miembros del Tribunal recordaron al juez la facultad legal de cancelar el nombramiento y de aplicar las demás sanciones como dice la ley y la acordada. Las dos normas fueron ignoradas por Delgado, que dio intervención a González Macchi y Galeano Perrone.

Sin embargo, la cámara no se animó a sancionarle, ni tampoco a los chicaneros.

Junto a Bogado están procesados la exniñera de sus hijas Gabriela Quintana y Miguel Ángel Pérez, exjefe de gabinete del senador.

Bogado, cuando era titular de Diputados, logró que Quintana sea contratada en Itaipú, a sabiendas de que no iba a poder cumplir su función, ya que era funcionaria de la Cámara Baja.

El perjuicio al Estado fue G. 70 millones, según la acusación de la fiscalía.